Los dos jefes de Estado, en sus discursos, hablaron de una sociedad estratégica y reafirmaron sus compromisos de «profundizar las relaciones en todos los campos, sin excepción». Los miles de millones, nunca llegaron a la Argentina, sino que, por el contrario, habrían de partir unos diez mil millones de dólares para los países asiáticos, si se continúa la actual política pesquera argentina, entre la que se destaca en la actualidad, el proyecto de Acuerdo chino-argentino promovido por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de su ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, Julián Dominguez.
El 18 de enero de 2010, a poco más de cinco años de aquella promesa incumplida, el ministro firmó la Resolución 5/10 que autoriza a su subsecretario de Pesca, a suscribir un «Acuerdo de Cooperación sobre Pesca» con el ministerio de Agricultura de la República Popular China.
El referido proyecto de Acuerdo, es de tal generalidad, que en su Artículo I del Anexo, acuerda en realidad, sobre la «Administración de los recursos pesqueros argentinos»; de eso se trata, cuando el Acuerdo refiere a cuestiones vinculadas a la investigación, conservación y la regulación de este recurso natural.
Y es verdaderamente insólito, que «…en base al principio de igual y beneficios mutuos…» (sic) así refiere la Resolución Ministerial, se pueda acordar sobre la Pesca con China, cuando no hay registro en toda la historia de la pesca mundial que una embarcación pesquera argentina hubiera pescado en territorio marítimo Chino, y, por el contrario, son numerosos los buques de esta nacionalidad que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina (Malvinas y la zona de exclusión impuesta por el Reino Unido) con y sin licencia inglesa, capturan recursos pesqueros migratorios (Calamar) y asociados a las especies argentinas en la denominada milla 201, depredando los recursos naturales nacionales.
De hecho, tampoco sería el ministro de Agricultura el que autoriza el Acceso a la tierra y al agua de China sino que por Ley de Administración del Uso del Área Marina, éste es regulado por la Administración Oceánica Estatal (AOE) dentro del ministerio de Tierras y Recursos Naturales, que requiere que los usuarios de área marina, gestionen los permisos de uso de área marina y pagando las tarifas por ello, sin contar con las propias autonomías regionales y rol del Consejo de la República Popular China.
Por su parte, nada indica que el Gobierno Nacional pueda coordinar la Administración del recurso pesquero en aguas marítimas argentinas con otro país, porque además de innecesaria la cooperación China en esta materia, el Poder Ejecutivo no tendría facultades para hacerlo, ya que se trata de un recurso del Estado Nacional y Provinciales, regulado por los Artículos 3° y 4° de la Ley 24.922 que, por tanto, es necesario obtener la aprobación del Congreso de la Nación, según lo previsto en el Artículo 37° de la citada ley.
No parece tampoco, que pueda haber «intereses comunes de ambas Partes en el desarrollo económico y de la pesca, de beneficio recíproco» (sic); como reza el proyecto de Acuerdo, porque el Estado argentino es propietario del recurso y tiene el desarrollo tecnológico más avanzado del mundo para los procesos de investigación, captura, conservación, industrialización y comercio pesquero.